El pasado 11 de enero se cumplió un año desde que la Policía Nacional Civil, bajo órdenes del fiscal general de la República, capturó a tres miembros de la comunidad de Santa Marta, el director de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) y su asesor legal, en el departamento de Cabañas. Se les acusa, sin tener testigos fieles ni evidencia, de haber participado en un asesinato ocurrido a finales de la guerra civil en la década de los años 80 del siglo pasado. Todos son excombatientes del FMLN, cuyas acciones bélicas en el marco de la guerra civil fueron perdonados y amnistiados por la Ley de Reconciliación del año 1992. Desde la firma de los Acuerdos de Paz, todos se han dedicado a los esfuerzos de reconstrucción de sus comunidades, superando el odio y la polarización generados por la guerra, recuperando el tejido social desgarrado por el conflicto, consolidando un modelo del desarrollo equitativo y sostenible y defendiendo el medio ambiente, especialmente al agua.
En el marco de este largo y heroico esfuerzo, las comunidades de Cabañas, y especialmente Santa Marta, con el apoyo de ADES y en alianza con comunidades alrededor del país, con las iglesias, movimientos sociales, instituciones académicas y aliados internacionales, construyeron una agenda de paz, desarrollo y bienestar con énfasis en la protección de los bienes naturales. Esta lucha tomó un salto histórico en marzo de 2017, con la aprobación unánime de una ley nacional de prohibición de la minería metálica, industria considerada por la mayoría de expertos y expertas como la más dañina al medio ambiente en nuestro planeta.
El Salvador ya sufre de un grado preocupante de deterioro ambiental. En años anteriores, la Comisión de Medio Ambiente de las Naciones Unidas lo ubicó entre los ocho países con mayores niveles de deterioro ambiental en el hemisferio occidental y la situación ha seguido agravándose de forma preocupante en los últimos años. El cambio climático, junto con la destrucción de bosques, el descuido de suelos con prácticas agrícolas dañinas y el abuso de los bienes hídricos por la gran empresa, tanto nacional como transnacional, siguen apuntando hacia un futuro de poca esperanza si no se hacen cambios dramáticos en nuestra relación con la naturaleza. Lo más preocupante de todo es la situación de nuestros bienes hídricos, que constituyen la principal víctima de la minería metálica en el mundo.
Los ríos de El Salvador ya están secándose a un ritmo preocupante. Los acuíferos más estratégicos están agotándose por la sobreexplotación y más de 90% de las aguas superficiales están contaminadas dejando a El Salvador con una profunda crisis hídrica en términos de calidad y cantidad. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), El Salvador ya tiene la menor disponibilidad de agua per cápita en Centroamérica y, según, el Tribunal Latinoamericano de Agua y la Asociación Mundial del Agua (GWP por sus siglas en inglés), El Salvador está acercándose rápidamente a una situación de estrés hídrico en la que no tendrá suficiente agua para responder a las necesidades de su ciudadanía. La minería metálica es una industria que compite con la vida humana por el agua, a la que impacta de forma dramática en términos de cantidad y calidad. Los proyectos mineros utilizan enormes cantidades de agua – la mina promedio en Centroamérica utiliza más de un millón de litros diarios - y contaminan las aguas con tóxicos como cianuro y metales pesados. A la vez, tienden a generar conflicto, violencia y pobreza para las comunidades cercanas y destruyen las formas tradicionales de vida. Es por estas razones que 79.5% de la población encuestada en un sondeo de opinión pública de la UCA en 2015 declaró que El Salvador no era un país apropiado para la minería metálica y 77% de la población opinó que el Gobierno debía prohibir esta industria.
La respuesta de ADES y de la comunidad de Santa Marta frente a esta grave amenaza ha sido dar un rotundo “NO” a la minería metálica uniéndose con amplios sectores de la sociedad, priorizando los intereses de la nación sobre intereses mezquinos y elitistas, desarrollando una campaña larga y persistente de prohibición de la minería metálica en El Salvador. A pesar de la victoria histórica en esta lucha heroica, estableciendo a El Salvador como el primer país en el mundo en evaluar los costos y beneficios de esta industria y ejercer su derecho a decir “no”, quedaron intereses nacionales y transnacionales inconformes y soñando con el día en que podrán dar vuelta a la ley y abrir la puerta de nuevo a esta industria tan destructiva.
El actual gobierno muestra poco compromiso con el medio ambiente, especialmente el agua, y sigue aprobando proyectos de “desarrollo” urbano en áreas de estrés hídrico o en zonas de reserva ambiental, poniendo en peligro la viabilidad y el futuro de El Salvador. En varias ocasiones, líderes comunales han sido reprimidos y encarcelados por defender el medio ambiente frente a grandes construcciones que amenazan fuentes locales de agua con la sobreexplotación y contaminación. Y ahora, la industria minera levanta su cabeza amenazante una vez más en el país poniendo en peligro la viabilidad de la vida de las generaciones actuales y futuras.
En mayo de 2021, a pesar de tener una ley vigente que prohíbe la minería metálica, El Salvador se hizo miembro del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, una red de 77 países que promueve la minería metálica en el mundo. En octubre del mismo año, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley creando la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas con el mandato de fomentar la minería en el país. El presupuesto de la nación para 2023 incluyó $4.5 millones para “revisar y actualizar” la ley que prohíbe la minería metálica. Además, hay temor de una negociación entre el gobierno y China para explotar oro y plata en el norte de Cabañas, donde hace una década empresas transnacionales (canadiense y australianas) se toparon con la oposición de ADES, Santa Marta y demás comunidades afectadas.
En ausencia de una base legal legítima y convincente para sostener las acusaciones contra los líderes de ADES y Santa Marta, todo apunta a una instrumentalización del sistema jurídico del país por intereses egoístas y peligrosos para eliminar la oposición a la minería metálica. Dada la amenaza que esta representa para el agua, los bosques, el suelo y para la vida misma, nadie que ama de verdad a El Salvador podría soñar con esta industria como vía para el desarrollo sostenible del país. Nadie que piense seriamente en el futuro y la viabilidad de largo plazo podría optar por esta industria tan dañina para los bienes naturales que ya están amenazados por el descuido y el mal manejo ambiental. La defensa vigorosa de los recursos naturales es el único camino hacia la viabilidad y el desarrollo sostenible.
Aquellos ciudadanos conscientes y comprometidos con el medio ambiente, especialmente con el agua en El Salvador, deben ser premiados, no amenazados, perseguidos y encarcelados. Las generaciones que están por nacer no tienen ni voz ni voto sobre los asuntos en discusión, así que dependen de las generaciones de hoy para defender su derecho a una vida sana, digna, próspera y sostenible. Con este reto en mente, personas de buena fe alrededor del mundo, incluyendo asociaciones profesionales, más de 185 académicos y abogados, 17 senadores norteamericanos, representantes de 250 organizaciones no gubernamentales de 30 países, la Relatora Especial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, El Relator Especial de Agua de las Naciones Unidas y líderes de comunidades en todo el país amenazadas con la minería metálica han estado movilizándose contra la persecución y encarcelamiento de los cinco héroes de ADES y Santa Marta cuyo único crimen ha sido amar a su país y defender los bienes naturales.
*Andrés McKinley tiene 50 años de experiencia en temas relacionados con el desarrollo sostenible en EEUU, África y América Latina. Posee una maestría en Administración de Salud y lleva más de dos décadas estudiando proyectos mineros y las comunidades afectadas por esta industria en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Gana, Liberia, Senegal, Mali, Indonesia, Filipinas y EEUU.
